El papel de las instituciones en la autorización de la fábrica de emulsiones explosivas en El Campillo

El proyecto para la construcción de una nueva fábrica móvil de emulsiones explosivas a granel y su correspondiente almacén de materias primas impulsado por Orica Explosivos Industriales y destinado a dar servicio a las explotaciones mineras próximas en el término municipal de El Campillo (Huelva), en plena Cuenca Minera de Riotinto, acaba de finalizar la fase de exposición pública para la presentación de alegaciones y solicitud de modificaciones, previa a la fase de autorización por parte de las diferentes administraciones públicas competentes.

Una autorización que compete a diferentes instituciones a nivel local, autonómico y nacional, que comparten la responsabilidad de aprobar un proyecto que desde algunos sectores consideran que entraña riesgo medioambiental al estar proyectado, según diferentes científicos y asociaciones ecologistas consultadas, en una zona en la que se podría generar un impacto de vertido de lodos tóxicos 30 veces mayor al ocurrido en Aznalcóllar en 1998, dada las probabilidades de colapso de las presas de relaves aguas arriba en la mina Riotinto debido a la licuación, que aumenta la presión hacia los muros lo que podría impactar en las estructuras de las balsas.

Las instalaciones, con una superficie total de 767.171 m2, estarían ubicadas en una zona muy próxima a los muros de contención de la balsa de lodos de Atalaya Mining en Riotinto. En este sentido, el proyecto necesitaría de la autorización municipal del Ayuntamiento de El Campillo, regido por el socialista Juan Carlos Jiménez, que deberá emitir la licencia de apertura / actividad de la instalación. En el caso de que los terrenos no sean urbanizables, será la Junta de Andalucía el órgano competente para su recalificación.

En ambos casos se debe además solicitar una evaluación del impacto ambiental que garantice que la nueva infraestructura se integre en el territorio con el menor impacto posible, con particular incidencia en el tratamiento y emisión de efluentes y, en caso necesario, iniciar el trámite de declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Adicionalmente, y dada la actividad, se requerirá la autorización de la Delegación de Gobierno en Andalucía, previo informe del Área de Industria y Energía y de la Dirección General de la Guardia Civil.